La Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes celebró una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 3-27, que ordena una investigación exhaustiva de los mecanismos de transición postinstitucional para jóvenes egresados de programas residenciales.

En la sesión, Gineima Ojeda Richardson, gerente regional del Programa de Instituciones Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), detalló los planes de egreso estructurados y la operativa de las dos instituciones del sistema juvenil (Villalba y Ponce). "El plan de egreso está basado en el plan integrado de cuidado" y se comienza a trabajar desde la entrega de la custodia, dijo Ojeda Richardson. Señaló que actualmente hay 44 jóvenes en Villalba y 29 en Ponce.

El DCR expuso criterios para las salidas a la comunidad —evaluación del ajuste psicosocial, recursos familiares, ubicación segura y planes académicos o laborales— y describió la colaboración con proyectos comunitarios como Guaraví/Caribana para el seguimiento pos-egreso. Rosa Vélez Vargas, supervisora de rehabilitación y tratamiento, explicó que los trabajadores sociales comunitarios inician los planes de egreso y realizan visitas y coordinación con familias y otras agencias.

Durante el interrogatorio, el presidente de la comisión preguntó por las tasas de reincidencia. "Del, por ejemplo, del año 2024 fueron 6 jóvenes", respondió la gerencia del DCR, que además precisó que los reincidentes tienden a tener entre 16 y 17 años. Ojeda Richardson subrayó una limitación legal: "La Ley 88 luego de que el joven egresa no nos permite darle continuidad a este joven en la comunidad", dijo, y consideró que sería necesaria una enmienda para permitir seguimiento continuado.

El Departamento de Justicia, representado por el Lic. Francisco Javier Caballero Rivera, revisó el marco jurídico aplicable —citando el Plan de Reorganización del DCR de 2011— y reconoció la facultad investigativa de la Asamblea Legislativa; ofreció además la disponibilidad del departamento para revisar legalmente los hallazgos de la comisión.

Los representantes preguntaron por la suficiencia de la legislación vigente y por la posibilidad de enmiendas. El representante Emilio Carlos Acosta solicitó al Departamento de Justicia un memorial que evalúe si la ley requiere refuerzo; la comisión concedió 10 días para que Justicia y Corrección entreguen la documentación y propuestas solicitadas. El DCR aceptó remitir registros de planes de egreso, evaluaciones periódicas y datos de reincidencia.

Entre los datos operativos aportados, el DCR indicó que los centros de servicios multifamiliares (Mayagüez y Bayamón) disponen actualmente de dos trabajadores sociales cada uno y personal de apoyo (psicólogo, consejera); atienden alrededor de 30 personas en Bayamón y 22 en Mayagüez, y existe una carencia de personal que el departamento espera reforzar en los próximos meses.

La vista dejó compromisos concretos: (1) el Departamento de Corrección y Rehabilitación entregará en 10 días la documentación solicitada sobre planes de egreso, evaluaciones y datos de seguimiento; (2) el Departamento de Justicia remitirá un memorial sobre la necesidad de enmiendas legales en el mismo plazo; y (3) la comisión procederá a analizar la información y, de ser necesario, trabajar propuestas de enmienda para mejorar la coordinación interagencial y la continuidad de servicios pos-egreso.

La comisión cerró la vista pública y señaló que la investigación continuará una vez recibida la documentación y los análisis solicitados.