La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico celebró una vista pública el 12 de noviembre de 2025 para analizar el Proyecto de la Cámara 942, que propone enmendar la Ley Núm. 97 (10 de junio de 2000) para ordenar a la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) revisar y actualizar las tablas de subsidio de transportación para estudiantes participantes.

La iniciativa añade un artículo que obliga a la ARV a revisar las tablas y fórmulas empleadas para determinar los subsidios y fija un plazo de 120 días posteriores a la aprobación para consultar con el Secretario de Transportación, el Secretario de Hacienda y el Instituto de Estadísticas y completar un estudio sobre los costos actuales de transportación. También establece revisiones periódicas, como mínimo cada dos años, y autoriza acuerdos interagenciales con DTOP, la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), gobiernos municipales y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) para facilitar alternativas como pases o tarifas reducidas.

En su exposición, la administradora Rosa Lugo Caban explicó el marco federal que condiciona la acción de la agencia (Rehabilitation Act, WIOA y 34 CFR) y advirtió que las políticas de la ARV deben alinearse con la reglamentación federal para preservar la elegibilidad de fondos. “La ley pública federal... constituye la piedra angular para prestación de servicios de rehabilitación en Puerto Rico,” dijo Lugo, subrayando la necesidad de cumplir la normativa federal.

Las comparecientes detallaron que varias tarifas están desactualizadas; según la ponencia, algunas partidas no se revisan de manera uniforme desde 1976 y otras fueron actualizadas por última vez en 2018. La ARV informó además que, al 6 de noviembre de 2025, mantiene 780 casos activos de adultos mayores (60+) dentro de su población y que la población total activa ronda 39,601, con unos 5,986 participantes en adiestramiento.

La propuesta incluye límites y procedimientos específicos recogidos en la ponencia: reembolsos por millaje fijados por la Comisión del Servicio Público (actualmente $0.40 por milla según la comunicación vigente), un tope de $500 mensuales para casos que, aun pudiendo recibir hospedaje, viajen diariamente, y el procedimiento para autorizaciones excepcionales que requieran cotizaciones y aprobación de comités asesores regionales o central.

La representante de la AMA, Ally Martínez Nieves, explicó que la autoridad ya administra programas con tarifas reducidas —como la media tarifa (60 centavos), el programa dorado (gratis para 75+) y 'Ya Mi Viaje'— y que esos programas han emitido tarjetas a decenas de miles de personas. Martínez Nieves advirtió que la AMA “no cuenta con presupuesto fiscal vigente para absorber costos o gastos adicionales, por lo que su participación debe de condicionarse a financiamiento específico o reembolso ejecutable.”

Legisladores pidieron datos concretos sobre cuántos participantes reciben subsidio y cuántos son estudiantes postsecundarios. María Benítez (ARV) se comprometió a remitir estadísticas y la documentación solicitada —incluido un borrador de comunicación normativa sobre revisión tarifaria— dentro de cinco días para ayudar a la evaluación legislativa.

Durante el turno de preguntas los legisladores indagaron sobre la metodología del cálculo del subsidio y los criterios que la ARV utiliza para ajustar las tablas (costo de vida, gasolina, tarifas, uso de plataformas como Uber, días asistidos, entre otros). La ARV dijo que lleva a cabo análisis estadísticos, grupos focales y consultas internas; el borrador de comunicación normativa está en revisión interna desde octubre y se compartirá con la comisión.

La discusión dejó claras dos tensiones: la necesidad de actualizar los subsidios para reflejar costos reales y la obligación de respetar las limitaciones y condiciones del financiamiento federal. Los ponentes coincidieron en que, si la prestación se realiza mediante programas y rutas ya existentes, el impacto presupuestario podría ser menor; servicios fuera de ruta o recogidas directas a participantes exigirían financiamiento adicional.

La comisión solicitó además a la ARV que detalle el análisis de costo que sustenta cualquier propuesta de aumento (incluyendo las comparativas por milla, estimados de mantenimiento y estacionamiento) y la relación con la certificación de fondos federales para 2026 que condiciona la capacidad de asumir ajustes tarifarios.

La vista pública concluyó sin votación. La ARV y la AMA entregarán la documentación y las estadísticas solicitadas en el plazo fijado; la comisión dijo que evaluará esa información antes de avanzar con recomendaciones o enmiendas finales.