La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes celebró el 10 de noviembre una vista pública para recabar evidencia y posiciones sobre la Resolución de la Cámara Núm. 400, que ordena estudiar la viabilidad de la energía nuclear en Puerto Rico. El representante Gabriel Rodríguez Aguiló presidió la sesión en sustitución del presidente y explicó que la comisión busca información técnica, sanitaria, ambiental y comunitaria antes de emitir conclusiones.

Académicos y representantes del Colegio de Ingenieros y Agrimensores pidieron evaluaciones técnicas formales y estudios de prefactibilidad. Leonel Ramón Orama Exclusa, catedrático de ingeniería eléctrica de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, dijo que la política pública (Ley 17 de 2019) establece la meta de 100% renovables y planteó si la nuclear puede considerarse una fuente endógena; sobre este punto el presidente interino dejó constancia en el acta de las limitaciones actuales de la política pública. Orama señaló que, bajo regulaciones vigentes del Nuclear Regulatory Commission (NRC), las zonas de planificación de emergencia clásicas incluyen un radio de 10 millas (plume exposure) y otro de 50 millas (ingestion exposure) alrededor de un reactor, y advirtió que esos perímetros podrían afectar amplias zonas urbanas y fuentes de agua en la isla.

Desde la perspectiva económica y de operación, Orama citó análisis comparativos que ubican el costo nivelado de energía (COE) de plantas fotovoltaicas sin almacenamiento en torno a 60 dólares por MWh y el de nueva nuclear en aproximadamente 180 dólares por MWh (cifras presentadas por el expositor, según los estudios que citó). Explicó que las plantas nucleares históricas que venden energía a menor precio suelen tener los costos de capital ya amortizados y contratos antiguos, por lo que no son comparables de forma directa con plantas nuevas.

El Colegio de Ingenieros, representado por su presidente y por el ingeniero Iván Nicolau, presentó una ponencia técnica que reconoce avances en reactores modulares pequeños (SMR) y reactores de generaciones avanzadas, pero recomendó realizar un estudio de prefactibilidad con apoyo de organismos internacionales (IAEA) y militares (First/DoD, solo como interlocución para proyectos de resiliencia de misión) y evaluar aspectos legales, portuarios y de ciclo de vida (incluyendo plantas nucleares flotantes) antes de cualquier decisión.

En contraste, el Colegio de Médicos Cirujanos y médicos presentes subrayaron riesgos para la salud asociados al ciclo completo del uranio (minería, enriquecimiento, transporte y disposición de desechos). En la ponencia médica se aludió a estudios que muestran incrementos en ciertos cánceres en poblaciones cercanas a plantas nucleares y se destacó la larga persistencia de algunos radionúclidos en el ambiente como elemento de riesgo a generaciones futuras. Ciudadanos en Defensa del Ambiente y representantes comunitarios señalaron la vulnerabilidad geográfica de Puerto Rico (huracanes y sismicidad), la falta de capacidad local para el manejo final de residuos radioactivos y el riesgo de que instalaciones terminen ubicadas en comunidades con menor poder político.

Varios participantes recordaron reportes periodísticos y estudios previos que han identificado preliminarmente sitios (por ejemplo Arecibo y la antigua base naval en Ceiba/Roosevelt Roads) como posibles ubicaciones para microrreactores, y pidieron que la comisión aclare y documente cualquier gestión o estudio en curso sobre esos predios y el marco de permisos federales y locales aplicables.

Durante el turno de preguntas los representantes presionaron por datos comparativos internacionales sobre regulaciones para SMR (casos en China, Canadá y Japón fueron mencionados) y por proyecciones de disponibilidad comercial (los panelistas situaron disponibilidad mas amplia en torno a 2030 en los escenarios más optimistas). También se discutió la demanda futura de energía —con cifras orientativas planteadas por los expositores para escenarios de electrificación del transporte y centros de datos— y la necesidad de incorporar esas proyecciones en cualquier análisis de matriz energética.

La vista pública no produjo una decisión ni votación; el presidente interino indicó que la comisión continuará recabando información para preparar un informe sobre la Resolución Núm. 400. La sesión cerró a las 12:40.

Citas directas representativas:
"La regulación actual para plantas nucleares contempla radios de planificación de emergencia que pueden llegar a 10 y 50 millas; una planta en un punto céntrico implicaría evacuaciones masivas y afectaciones a fuentes de agua", dijo Leonel Ramón Orama Exclusa, catedrático de ingeniería eléctrica.

"La inversión en nuclear desviaría financiación de fuentes limpias como la solar distribuida con almacenamiento", afirmó Orama al resumir su evaluación económica y de seguridad.

"Las instalaciones nucleares en Puerto Rico representarían un riesgo inaceptable por la imposibilidad de eliminar completamente los accidentes y la falta de capacidad para manejar residuos radiactivos", sostuvo Marta Quiñones, de Ciudadanos en Defensa del Ambiente.

Próximos pasos: la comisión recogió documentación y solicitó, en varios pasajes, que los expositores entreguen informes y referencias técnicas (estudios de COE, informes regulatorios del NRC y ejemplos internacionales) para alimentar el estudio de prefactibilidad que ordena la Resolución 400.